El objeto tradicional de la criminología

La criminología se ha presentado históricamente como el campo de conocimiento que estudia el delito, a la persona que lo comete, a la víctima y las respuestas sociales e institucionales que se producen frente a la conducta criminal. Esta definición, aunque útil como punto de partida, no es neutral ni suficiente para comprender los conflictos contemporáneos. La palabra «delito» remite a una categoría jurídica creada por normas que cambian en el tiempo y entre sociedades. Por ello, la criminología no puede limitarse a registrar infracciones como si fueran objetos naturales, invariables y separados de las decisiones políticas. Su tarea consiste también en preguntar cómo se define una conducta como criminal, quién tiene poder para establecer esa definición, qué daños quedan fuera de ella y cuáles son los efectos de la respuesta penal sobre las personas y las comunidades.

El objeto tradicional de la criminología suele organizarse alrededor de cuatro dimensiones relacionadas: el delito, la persona infractora, la víctima y el control social. El delito permite examinar las conductas que el ordenamiento jurídico sanciona; la persona infractora invita a estudiar trayectorias individuales y condiciones sociales; la víctima hace visible el daño y las necesidades de protección, reparación y reconocimiento; el control social analiza cómo instituciones y comunidades responden a las transgresiones. La utilidad de esta organización radica en que impide reducir la disciplina a una mera técnica policial o a una clasificación de personas peligrosas. Sin embargo, su principal límite aparece cuando el concepto jurídico de delito se convierte en frontera absoluta del conocimiento: aquello que no está tipificado puede desaparecer del análisis, aun cuando produzca sufrimiento intenso, pérdida de oportunidades o deterioro ambiental.

La tradición positivista procuró explicar la conducta criminal mediante la observación sistemática y la búsqueda de factores causales. En sus versiones históricas, algunas corrientes atribuyeron demasiado peso a rasgos biológicos o psicológicos y llegaron a convertir diferencias sociales en supuestas señales naturales de peligrosidad. La crítica contemporánea no exige abandonar la evidencia empírica; exige reconocer que los datos no hablan por sí solos y que los instrumentos de medición incorporan decisiones sobre qué contar, a quién observar y qué considerar relevante. 

Dicha distinción resulta particularmente importante en Costa Rica, donde el debate público sobre la violencia homicida ha cobrado intensidad. El Observatorio de la Violencia del Ministerio de Justicia y Paz publicó información sobre los delitos registrados entre enero y julio de 2026 y señala, en su portal, que durante el primer semestre una proporción importante de los homicidios dolosos se atribuyó a ajustes de cuentas o venganza y que predominó el uso de armas de fuego. 

Figura 1. Criminología (ESNECA, 2024)

El objeto criminológico tradicional tampoco debe interpretarse como una invitación a explicar el delito exclusivamente desde las características de la persona acusada. Las decisiones individuales importan, pero ocurren dentro de entornos sociales y oportunidades concretas. La investigación puede estudiar procesos de socialización, vínculos comunitarios, experiencias de violencia, mercados ilegales, consumo problemático de sustancias o expectativas económicas, siempre evitando transformar asociaciones estadísticas en destinos inevitables. Un factor de riesgo no es una sentencia; es una variable que, combinada con otras condiciones, puede elevar la probabilidad de un resultado. La incorporación de la víctima modificó de forma sustantiva el enfoque de la disciplina. Durante mucho tiempo, el sistema penal dirigió gran parte de su atención a la infracción y al infractor, mientras que la experiencia de quien sufrió el daño quedó subordinada a las necesidades del procedimiento. La victimología permitió estudiar el impacto físico, psicológico, económico y relacional del delito, así como las barreras que dificultan denunciar y acceder a la justicia. 

Otro componente esencial es el control social. La policía, los tribunales, las fiscalías y las cárceles representan mecanismos formales que definen y aplican respuestas autorizadas por el Estado. La familia, los centros educativos, las comunidades, los grupos de pares, los medios de comunicación y las plataformas digitales ejercen formas informales de regulación mediante expectativas, aprobación, desaprobación, reputación y exclusión. Aunque suelen estudiarse por separado, ambos planos interactúan: la cobertura mediática puede incrementar la demanda de medidas punitivas; las denuncias vecinales pueden orientar la acción policial; y una intervención estatal puede reforzar o debilitar la confianza comunitaria. Analizar el delito sin estudiar esas relaciones ofrece una imagen incompleta de cómo se produce y administra la desviación.

La criminología crítica ha cuestionado la idea de que el sistema penal actúa de forma idéntica sobre todos los grupos. Las leyes pueden formularse en términos generales, pero la vigilancia, la denuncia, la investigación y la sanción se distribuyen en condiciones sociales desiguales. La selectividad no significa que toda intervención sea ilegítima ni que los delitos carezcan de consecuencias reales; significa que deben examinarse las decisiones que determinan qué hechos se investigan con mayor intensidad y qué daños reciben menos atención. El hurto callejero puede ser visible y generar una reacción rápida, mientras que ciertos abusos corporativos, daños ambientales o prácticas laborales peligrosas pueden permanecer fuera del sistema penal o ser tratados como simples incumplimientos administrativos. La comparación no pretende equiparar automáticamente todos esos hechos, sino preguntar si la atención institucional guarda proporción con la magnitud, duración y distribución del daño.

En este punto conviene distinguir el objeto jurídico del objeto material de estudio. El primero comprende las conductas definidas como delitos por la legislación aplicable. El segundo puede incluir los procesos sociales, institucionales y culturales que anteceden a la criminalización, así como las consecuencias de la reacción penal. Si la criminología solo reproduce la definición legal, corre el riesgo de convertirse en auxiliar de la administración de justicia, sin capacidad crítica para valorar los límites de las categorías que esa administración utiliza. Si, por el contrario, abandona toda referencia a la ley, pierde precisión para estudiar la operación concreta del sistema penal. La salida no consiste en escoger uno y excluir el otro, sino en sostener una relación crítica: estudiar el delito legalmente definido y, al mismo tiempo, investigar las condiciones que hicieron posible esa definición, sus aplicaciones y sus omisiones.

La actualidad de esta discusión se aprecia también en la relación entre seguridad y legitimidad institucional. En Costa Rica, la publicación de estadísticas oficiales y de análisis territoriales puede contribuir a formular políticas más precisas, siempre que los datos se interpreten con transparencia metodológica. Un mapa de incidencia no debería convertirse automáticamente en un mapa de sospechosos. Una concentración territorial de denuncias puede reflejar hechos reales, pero también diferencias en la denuncia, en el acceso a servicios o en la intensidad de la vigilancia. Si los recursos se concentran de forma permanente en un área por registros históricos, pueden producirse ciclos de retroalimentación: mayor patrullaje genera más detecciones, esas detecciones justifican más patrullaje y otras zonas reciben menos atención. 

El objeto tradicional conserva valor precisamente porque permite integrar preguntas distintas. No basta con saber cuántos delitos se registran; es necesario saber qué daños provocan, quiénes los sufren, qué circunstancias los favorecen, cómo se distribuye la respuesta institucional y qué efectos tiene la intervención. Tampoco basta con identificar una correlación entre pobreza y delito, porque esa asociación puede ocultar mecanismos intermedios y reproducir estereotipos contra comunidades que enfrentan privaciones. La pobreza no es una explicación automática de la criminalidad, del mismo modo que la riqueza no inmuniza frente a prácticas dañinas. 

Una agenda contemporánea debe, incorporar los entornos digitales. El fraude informático, la extorsión en línea, el acoso, la difusión no consentida de imágenes y las estafas mediante suplantación muestran que el objeto de estudio no puede limitarse al espacio físico. Las tecnologías modifican la escala del daño, la velocidad de propagación y la relación entre víctima y autor. También alteran la investigación: la evidencia puede almacenarse en servidores ubicados en otras jurisdicciones, circular entre plataformas y desaparecer antes de que la víctima reciba asistencia. 

El debate internacional reciente sobre delito y daño social confirma que la frontera disciplinaria permanece abierta. Addison et al. (2026) afirman que: "Los problemas contemporáneos se encuentran conectados con desigualdades y crisis complejas" (p. 723) Su propuesta invita a examinar conjuntamente criminalización, desigualdad y daño, sin asumir que una sola disciplina puede resolver problemas de naturaleza múltiple. 

La posición que se sostiene aquí es que el objeto tradicional de la criminología debe conservarse como núcleo operativo, pero no como frontera intelectual cerrada. El delito, la persona infractora, la víctima y el control social siguen siendo dimensiones indispensables. Su análisis, sin embargo, debe conectarse con la producción de normas, la distribución desigual de la vigilancia, las condiciones sociales y los daños que no siempre llegan a convertirse en delitos.  Para la práctica profesional costarricense, supone reemplazar las respuestas basadas exclusivamente en intuiciones o consignas por diagnósticos verificables, evaluación de resultados y respeto a los derechos fundamentales. La seguridad ciudadana no se alcanza únicamente aumentando la capacidad de castigar; también requiere prevenir daños, investigar con eficacia, proteger a las víctimas y mantener la confianza pública en instituciones sujetas a control democrático.

La criminología, en definitiva, no debe conformarse con preguntar quién infringió la norma. Debe preguntarse qué ocurrió, qué daño se produjo, qué condiciones lo hicieron posible, qué respuestas resultan proporcionadas y qué consecuencias generan esas respuestas. Mantener estas preguntas en tensión permite evitar tanto el reduccionismo punitivo como una abstracción teórica que ignore el sufrimiento concreto. El objeto tradicional no desaparece: se vuelve más preciso cuando reconoce que el delito es una categoría jurídica y social, que la evidencia necesita interpretación y que la finalidad del conocimiento criminológico debe ser comprender mejor para intervenir de manera más justa y eficaz.

La Criminología Concepto y Objeto de estudio

Referencias:

Addison, M., Brown, D. M., O’Brien, K., & King, H. (2026). Introduction to special issue ‘Crime and Social Harm: Working together on life’s wicked problems’. The British Journal of Criminology, 66(4), 719–732.https://doi.org/10.1093/bjc/azag036

ESNECA. (2024). Criminología: Qué es, funciones y dónde estudiar [Imagen]. Recuperado de https://www.esneca.com/blog/que-es-criminologia-estudiar/

Ministerio de Justicia y Paz, Observatorio de la Violencia. (2026). Publicaciones e informes sobre delitos registrados en Costa Rica. https://observatorio.mj.go.cr/documentos/publicacion

Octavio Quintero Avila | Criminología y Ciencia. (2025, 27 de octubre). La Criminología Concepto y Objeto de estudio [Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=uEVsGNXitfk